Tras la publicación en el Boletín Oficial, el diputado de La Libertad Avanza Lisandro Almirón destacó que los cambios reducen la rigidez del mercado. Valoró el límite a los aportes sindicales y el nuevo sistema para cubrir las indemnizaciones por despido.
El bloque de diputados de La Libertad Avanza salió en masa a blindar políticamente la batería de decretos con los que el Poder Ejecutivo nacional reglamentó la Ley de Modernización Laboral 27.802. Desde los sectores legislativos del oficialismo buscaron capitalizar el impacto de las medidas, argumentando que las nuevas pautas impositivas, previsionales y de contratación configuran un escenario superador indispensable para terminar con la informalidad y traccionar inversiones.
Uno de los encargados de defender los alcances de la reforma en el Congreso de la Nación fue el diputado nacional correntino Lisandro Almirón, quien destacó que las normativas publicadas en el Boletín Oficial representan un quiebre definitivo frente al histórico modelo de costos de la economía argentina. El legislador libertario ponderó que el nuevo andamiaje legal dotará de previsibilidad al sector privado: «Se moderniza el mercado laboral: se limitan aportes excesivos en convenios. Se flexibilizan servicios eventuales. Reducción de contribuciones y simplificación de registros. Más seguridad jurídica», enumeró.
Para el oficialismo, la puesta en marcha de los decretos 407 y 408 constituye un paso estratégico para remover la rigidez regulatoria que afecta de manera directa a las pequeñas y medianas empresas del interior del país, acotando el margen de maniobra de las estructuras gremiales tradicionales.
Centralización informática en ARCA y revisión de convenios colectivos
Al desglosar el impacto técnico del Decreto 407/26 sobre la Ley de Contrato de Trabajo, el legislador de La Libertad Avanza remarcó los beneficios de la unificación registral que deja fuera de juego a los controles paralelos de los sindicatos. Almirón enfatizó que el traspaso de datos hacia la órbita de ARCA (la ex AFIP) permitirá desmantelar la duplicación de trámites innecesarios que asfixiaban a las empresas contratistas.
Asimismo, el diputado correntino puso el foco sobre la fuerte embestida del Palacio de Hacienda contra las denominadas cláusulas compulsivas de las paritarias desactualizadas. «Establece plazos para revisar Convenios Colectivos vencidos y promueve federalismo y competitividad regional», precisó Almirón, convalidando la estrategia del ministro Federico Sturzenegger de forzar a los gremios a rediscutir convenios que en muchos casos se encontraban congelados desde hace medio siglo.
Cuentas individuales de despido y baja de cargas patronales
Por otra parte, la defensa oficialista hizo foco en los beneficios financieros que introduce el Decreto 408/26 para amortiguar el impacto del pasivo laboral en las corporaciones. La normativa, según explicó el diputado nacional, avanza de manera decidida hacia un nuevo formato de capitalización que le quita dramatismo a la desvinculación de personal en los esquemas productivos.
«Los empleadores aportan mensualmente a una cuenta individual para cubrir indemnizaciones por despido. Reduce contribuciones patronales para quienes se adhieran al sistema», detalló Almirón al explicar el mecanismo de los fondos de asistencia. Desde la bancada oficialista confían en que este reaseguro opere como un incentivo directo para reactivar las contrataciones en blanco: «Más seguridad jurídica frente al costo de despidos es igual a más empleo formal», argumentó.
Hacia el cierre de su pronunciamiento, el legislador alineado con la Casa Rosada ratificó que la reglamentación de la Ley 27.802 constituye el inicio de una etapa de mayor dinamismo para las pymes de las provincias. «Son un paso concreto hacia un mercado laboral dinámico, reduciendo la rigidez y los costos laborales, limitando el poder de algunos sindicatos, promoviendo la formalización y la competitividad», concluyó, marcando la pauta de la defensa legislativa que el bloque desplegará frente a las previsibles demandas que la CGT presentará ante los tribunales del fuero del trabajo.
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