El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, trazaron la hoja de ruta para el período 2026/2027. Los ejes centrales del plan oficial.

El Gobierno nacional comenzó a diseñar la estrategia y el plan de gestión para el mediano plazo en un área clave para la agenda institucional y de desregulación económica. El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo una reunión de trabajo con el Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, orientada al seguimiento y la planificación de políticas públicas para el período 2026/2027.

Durante el encuentro, desarrollado en los despachos oficiales, ambos funcionarios repasaron las prioridades legislativas y operativas de la cartera judicial. Entre los temas más urgentes de la mesa de trabajo se destacaron la cobertura de vacancias en los tribunales federales, la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil y los lineamientos para avanzar hacia una reforma integral del Código Penal.

Asimismo, desde la Jefatura de Gabinete señalaron que se avanzó firmemente en propuestas destinadas a ampliar el acceso a la justicia de los ciudadanos, principalmente mediante el impulso de métodos alternativos de resolución de conflictos, una vía con la que el oficialismo busca descomprimir el caudal de causas que saturan los tribunales.

Menos burocracia: digitalización de trámites clave

Uno de los puntos con mayor impacto directo en la vida cotidiana y la actividad económica es el plan de modernización del sistema registral. Adorni y Mahiques repasaron las medidas orientadas a la optimización de los servicios mediante la digitalización completa de trámites.

El plan apunta de manera prioritaria a tres áreas que históricamente concentraron quejas por demoras y costos burocráticos: el régimen registral automotor, el registro de reincidencia y el registro de la propiedad inmueble. Con esta medida, la administración central busca profundizar la simplificación del Estado y la quita de intermediarios en las transacciones de bienes.

Finalmente, la agenda bilateral entre la Jefatura de Gabinete y la cartera de Justicia incluyó ejes de posicionamiento estratégico y cooperación internacional, con el objetivo de adecuar los estándares locales a las exigencias de transparencia y seguridad jurídica requeridas por los organismos globales y los inversores extranjeros.


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