El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, mantuvieron un encuentro en la Casa Rosada con las autoridades de la principal cooperativa agropecuaria del país. Analizaron el proyecto de ley de biocombustibles.

El Gobierno nacional busca consolidar su agenda de inversiones privadas con un fuerte guiño hacia el sector agroindustrial. En un encuentro clave desarrollado en la Casa Rosada, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recibieron a la cúpula de Agricultores Federados Argentinos (AFA), encabezada por su presidente, Darío Marinozzi.

Durante la reunión, los directivos de la principal cooperativa agropecuaria del país presentaron formalmente un ambicioso proyecto para la construcción de una planta de bioetanol. La iniciativa contempla un desembolso que supera los 150 millones de dólares y está diseñada bajo el concepto de industrialización de la ruralidad.

Desde la Jefatura de Gabinete destacaron el impacto federal que tendrá la millonaria inversión en el sector productivo, señalando que el proyecto apunta de manera directa al «agregado de valor en origen, la generación de empleo y el fortalecimiento del desarrollo productivo» regional.

Biocombustibles en la agenda legislativa

Además de los detalles técnicos y los plazos de ejecución de la nueva planta procesadora, la mesa de trabajo sirvió para alinear posiciones respecto al marco regulatorio que rige para las energías renovables en el país.

En ese sentido, los funcionarios nacionales y las autoridades de AFA abordaron de forma pormenorizada los lineamientos del proyecto de ley de biocombustibles, el cual fue enviado recientemente por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación para su pronto tratamiento legislativo.

Para la administración central, el respaldo de una entidad de la envergadura de AFA —que nuclea a miles de pequeños y medianos productores— resulta un activo político crucial para dinamizar el debate en las comisiones parlamentarias. El sector privado, por su parte, sigue de cerca las modificaciones normativas en busca de reglas de juego claras que garanticen la previsibilidad de los fondos destinados a la transición energética.


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