Sergio Ghiglino, nuevo presidente de la Asociación Minera de Copiapó, critica la «muerte» del rubro por la Resolución del Desierto Florido y la Ley de Biodiversidad, que se suman a los altos costos de patentes y las trabas ambientales. Pide unidad y apoyo urgente al gremio.
La pequeña minería de la Región de Atacama, pilar histórico de la economía regional, enfrenta lo que sus líderes califican como una amenaza de «muerte» administrativa. Sergio Ghiglino Saltori, recién asumido como presidente de la Asociación Minera de Copiapó, encabeza un llamado urgente a la unidad gremial para revertir normativas que, a su juicio, restringen el ejercicio de derechos adquiridos.
Ghiglino, un reconocido emprendedor local, enfatizó que su principal objetivo es «reencantar al sector» para darle fuerza a la defensa de los pequeños productores, quienes hoy se sienten asfixiados por una serie de disposiciones legales y resoluciones.
Los tres factores que asfixian a Atacama
El dirigente identificó tres problemas centrales que están paralizando o haciendo inviable la pequeña minería en la región, un rubro que se ha desarrollado desde épocas ancestrales como el descubrimiento de Chañarcillo:
- Patentes Mineras Abusivas (Ley 21.040): La ley elevó «abusivamente» el pago de patentes de amparo, llevando a que muchos pequeños productores pierdan sus concesiones, ya que se les hace imposible pagar hasta cuatro veces el valor anterior.
- Trabas Ambientales por Tonelaje: El Reglamento de la Ley 19.300 sobre Bases del Medioambiente fija un límite de 5.000 toneladas mensuales para operar con declaración simplificada. Ghiglino critica que superar este umbral obliga a los pequeños productores a ingresar al complejo y costoso Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), como si fueran una mediana faena.»Necesitamos urgente aumentar ese límite para hacer factible la operación de faenas mineras de baja ley que hoy están paralizadas… algunos productores podrían generar mucho más que 5.000 toneladas», afirmó.
- Restricción Territorial por Conservación: Ghiglino apuntó a dos recientes medidas que chocan directamente con propiedades mineras constituidas:
- Parque Nacional Desierto Florido (Resolución 396/2025): La creación del Parque Nacional Desierto Florido , que abarca más de 400 propiedades mineras, se realizó sin participación ni consulta pública. Sonami ya está solicitando la invalidación de la Resolución.
- Sitios Prioritarios de Biodiversidad (Ley 21.600): La nueva Ley de Biodiversidad dio inicio al procedimiento de “Sitios Prioritarios de la Macrozona Norte” que también incluye pertenencias mineras, ante lo cual el gremio busca asegurar que se respeten los derechos ya existentes.
El plan: modificar resoluciones y buscar alianzas
El presidente de la Asociación Minera de Copiapó reconoció que derogar leyes es complejo, pero ve factible la modificación de las resoluciones administrativas que crearon el Parque Nacional y el listado de Sitios Prioritarios. Recordó que los parques nacionales en Chile han sido históricamente afectados y desafectados por Decretos Supremos, lo que permitiría una flexibilidad para el diálogo.
Para esta lucha, el sector cuenta con el apoyo legal de Sonami, aunque Ghiglino tiene un mensaje claro para el sector más grande: «Ellos deben tener presente que somos sus hermanos pequeños y que los necesitamos«.
La propuesta gremial incluye:
- Alianza con la Gran Minería: Buscar que las grandes y medianas empresas de la zona aporten con profesionales, tecnología y maquinaria que den de baja para apoyar a los pequeños productores.
- Fortalecimiento Gremial: Promover el ingreso de nuevos socios y buscar apoyo estatal en tecnología, innovación y asesorías.
- Financiamiento Obsoleto: El dirigente lamentó que el financiamiento de apoyo a la pequeña minería, como el Programa Pamma y los fondos de Enami, esté «absolutamente desactualizado». Los 10 millones de dólares para equipos y exploraciones son los mismos de hace 20 años, cuando había la mitad de productores.
Finalmente, Ghiglino se refirió al alza de accidentes fatales, que golpean a la región, y lo vinculó a la minería ilegal en labores sobreexplotadas y sin seguridad. Aseguró que Sernageomin, aunque cumple su rol fiscalizador, carece de los recursos suficientes (camionetas e inspectores) para una región tan extensa.
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