El Ministerio de Medio Ambiente busca proteger por ley 99 «sitios prioritarios» a lo largo de Chile, incluyendo 23 zonas en la Macrozona Norte, afectando proyectos en un área clave para la minería. La industria acusa «permisología» y amenaza con acciones legales.
La ambiciosa meta del Gobierno chileno de la «Meta 30×30″—proteger al menos el 30% del territorio nacional para 2030— ha encendido una intensa disputa con los sectores productivos. El Ministerio de Medio Ambiente (MMA), liderado por Maisa Rojas, ha lanzado una ofensiva para regularizar y otorgar protección legal a 99 sitios prioritarios, que en conjunto suman cerca de cuatro millones de hectáreas.
El proceso, que busca asegurar la biodiversidad y hábitats críticos, ha encontrado una fuerte resistencia en la minería y el rubro inmobiliario, que ven en esta medida una amenaza directa a la inversión y el desarrollo, especialmente en la Macrozona Norte, donde se concentra la actividad extractiva.
Atacama y la macrozona Norte en el foco
De los 99 sitios que se busca blindar mediante decreto, 23 se encuentran en la Macrozona Norte, que abarca desde Arica y Parinacota hasta la Región de Atacama. Estos espacios son cruciales por su valor ecológico y su biodiversidad, pero también por coincidir con áreas de fuerte presión industrial y minera.
La declaración de un «sitio prioritario» bajo la reciente Ley 21.600 («Ley para la Naturaleza») no los convierte inmediatamente en área protegida, pero sí establece una serie de prohibiciones (como extraer tierra o turba, o destruir nidos y especies) y sienta las bases para su futura protección regulatoria.
El grito de alarma de la industria
La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) fue la primera en levantar la voz de alerta. El gremio ha advertido que 273 instalaciones mineras se traslapan con los polígonos de los 99 sitios prioritarios.
«No exagero si digo que la inquietud que hay, especialmente en la pequeña minería, yo la comparo prácticamente con la inquietud con la que partimos este gobierno…», sentenció el presidente de Sonami, Jorge Riesco.
A estas críticas se sumó la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), que criticó la falta de un reglamento claro para determinar estos sitios y acusó un posible «vicio de nulidad de derecho público», evaluando incluso recurrir a la Contraloría General de la República.
Slaven Razmilic, director ejecutivo de ADI, afirmó que definir sitios prioritarios sobre suelos urbanos ya planificados «solo añade más permisología y trabas para el desarrollo en Chile», afectando la disponibilidad de terrenos para viviendas y la expansión futura de las ciudades.
Certezas y tensiones a futuro
El Ministerio de Medio Ambiente defiende el proceso, que actualmente se encuentra en una consulta ciudadana abierta hasta el 17 de noviembre. El subsecretario Maximiliano Proaño negó que se trate de un freno a la inversión.
«Esto no es un freno a la inversión, entregará mayores certezas ambientales y territoriales, promoviendo una inversión sostenible», indicó Proaño, adelantando que la próxima semana se sostendrán diálogos con los gremios mineros e inmobiliarios para abordar sus preocupaciones.
A pesar de las promesas de diálogo, la ofensiva legal del MMA para proteger estos vastos territorios, incluyendo las zonas áridas y desérticas de alto valor biológico en Atacama, promete mantener la tensión entre la conservación ambiental y los intereses económicos a escala nacional.
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