El Registro Nacional de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia reveló una disminución del 12,3% en los casos letales respecto al año anterior. Sin embargo, la medición arroja un promedio de un femicidio cada 44 horas en el país.
La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) presentó los resultados de la edición 2025 del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA). El informe estadístico, consolidado sobre la base de las causas penales iniciadas en los tribunales de todo el país, detectó un total de 200 víctimas directas de femicidio cometidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese año. La cifra representa un descenso en comparación con las 228 víctimas computadas en 2024, consolidando una paulatina tendencia a la baja en la violencia letal por razones de género en el mediano plazo.
A pesar de la contracción en los números absolutos, los indicadores de frecuencia exponen la persistencia del flagelo a nivel social. De acuerdo al relevamiento del Máximo Tribunal, durante 2025 la tasa nacional se ubicó en 0,85 víctimas directas cada 100.000 mujeres, lo que equivale a la consumación de un femicidio directo cada 44 horas en el territorio nacional. Si al universo se le suman los 19 casos detectados de femicidio vinculado (aquellos homicidios perpetrados por el agresor para causar sufrimiento a una mujer o interponerse en el ataque), la Argentina registró 219 crímenes letales de violencia de género, promediando una muerte cada 40 horas.
Radiografía del mapa federal y el bache de la provincia de Buenos Aires
El desglose territorial del informe de la Corte Suprema vuelve a ubicar a la provincia de Buenos Aires al frente de la estadística nominal debido a su peso demográfico: concentró 78 víctimas directas (el 39% del total del país). No obstante, al evaluar las tasas de prevalencia en función de la densidad poblacional de mujeres de cada distrito, los índices más alarmantes se trasladaron al interior, siendo encabezados por Chaco (1,80), Misiones (1,77) y Neuquén (1,69). En el extremo opuesto, tres jurisdicciones lograron cerrar el período anual sin registrar ningún tipo de femicidio en sus tribunales: Corrientes, La Pampa y San Juan.
Al analizar las características sociodemográficas de las 200 víctimas directas, los equipos técnicos precisaron que el 98% (196 casos) correspondieron a mujeres cis y el 2% restante (4 casos) a identidades trans y travestis, estas últimas concentradas en Santa Fe, Neuquén y el partido bonaerense de Merlo. El promedio de edad general de las damnificadas se situó en los 40,8 años, identificándose al segmento de 25 a 34 años como el de mayor vulnerabilidad (24% de los casos). Además, se verificó que el drama de la violencia machista dejó a 144 hijos y menores de edad en condiciones de percibir los beneficios de asistencia de la Ley Brisa (Ley N° 27.452).
El hogar, el espacio más peligroso y el rol de los uniformados
El Registro Nacional de Femicidios volvió a confirmar de forma incontrastable que el entorno más cercano e íntimo de las víctimas constituye el escenario de mayor desprotección. El 78% de los crímenes ocurrieron puertas adentro de una vivienda: el 35,5% en los hogares compartidos por la víctima y el agresor, y el 29% en el domicilio particular de la mujer. Asimismo, en el 83% de las causas se constató la existencia de un vínculo previo entre la víctima y el sujeto activo del delito, prevaleciendo las relaciones de pareja, expareja o noviazgo con un 59% de los registros.
Un dato que encendió las alarmas de las autoridades judiciales en esta edición fue el preocupante incremento de la participación de integrantes de agencias de seguridad ciudadana en las agresiones. El informe de la Oficina de la Mujer reveló que 20 sujetos activos pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad provinciales, federales o agencias privadas, lo que representa el 9,5% del total de agresores identificados y duplica la tasa de incidencia registrada el año anterior. De este subgrupo de uniformados, el 55% utilizó su propia arma de fuego reglamentaria para perpetrar el femicidio, y 7 de ellos se suicidaron inmediatamente después de concretar el hecho.
El uso de armas y las conductas posteriores
En el análisis global de los medios comisivos empleados por los 210 agresores computados en las causas (donde se cuentan 12 atacantes que aún permanecían sin identificar al cierre del año), el uso de la fuerza física manual (estrangulamientos y golpes) operó como el principal mecanismo letal en 79 casos. Le siguieron de cerca el empleo de armas de fuego en 51 oportunidades (25,5%) y el uso de armas blancas o elementos cortopunzantes en 47 episodios (23,5%).
Por último, el relevamiento judicial expuso las conductas defensivas y evasivas adoptadas por los femicidas tras el ataque. Mientras que un 31% intentó darse a la fuga de manera inmediata, un tercio del total (33%) desplegó maniobras de encubrimiento activas para ocultar su autoría. Estas incluyeron desde deshacerse del cuerpo de las víctimas (28 casos) y provocar incendios intencionales, hasta montar escenas apócrifas para simular supuestos suicidios (12 casos) o accidentes domésticos (11 casos) de las mujeres agredidas, buscando eludir el accionar de las fiscalías.
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