El paro de los colectivos en reclamo de subsidios refleja, con mayor impacto que cualquier otra medida empresarial, la situación fiscal en este momento de la Argentina.
La necesidad de cumplir con la meta del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la falta de ingresos por recaudación tributaria (con un derrumbe de los Derechos de Exportación -retenciones- por la sequía) paralizó los pagos del Estado nacional a proveedores de transporte público, energía, construcción y otros sectores claves para la actividad económica. El Gobierno «se sentó sobre la caja» y apeló a la deuda flotante para cerrar las cuentas públicas.
Según los dueños de los colectivos, el Gobierno les debe $ 27.000 millones a las compañías que prestan el servicio (y que decidieron suspenderlo desde el lunes a la noche y a partir de este miércoles entre las 13 y las 16), que deben tomar créditos con petroleras, bancos y la AFIP para hacer frente a sus obligaciones corrientes –salarios, combustibles, impuestos y mantenimientos mínimos de las unidades-.
Entre el viernes y el lunes Transporte liberó $ 8000 millones, por lo que en los despachos oficiales aseguran que esto «no es un tema de dinero, sino de internas» en el sector privado.
Transporte, energía y construcción, tres sectores con asfixia fiscal
La situación se repite con otros sectores, como productoras de gas natural en Vaca Muerta, que no perciben más de $ 30.000 millones en transferencias de los subsidios a la demanda -diferencia con lo que abonan los usuarios y el costo del gas que se traslada a las tarifas-) y vienen desde hace meses enviando cartas a la Secretaría de Energía para acelerar pagos o permitir computar créditos fiscales.
Los atrasos y los sectores que están al día
El Plan Gas 4 y otros estímulos a la producción registran atrasos desde agosto. Por el contrario, una obra estratégica como el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) de Vaca Muerta se mantiene al pago y las constructoras Techint, Sacde, BTU y Esuco cobran a tiempo para acelerar las tareas antes del 20 de junio.
También están al día las transferencias para compras de combustibles: gasoil a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y gas licuado -GNL- vía Energía Argentina, ex Enarsa. En contraste, las generadoras y transportistas eléctricas ven cómo Cammesa bicicletea sus obligaciones con empresas como Enel, AES, Pampa Energía, Albanesi, Genneia, YPF Luz y Central Puerto, entre otras.
Cuando en años anteriores había un retraso de 15 a 20 días, este año se registraron dilaciones de casi 60 días y cobros en cuotas. «Es como que te debieran dos meses de sueldo y te pagan el 15%», resumió un ejecutivo del sector ante este medio.
Meta fiscal con el FMI
Durante marzo el margen fiscal para un nuevo desequilibrio entre los ingresos y los gastos primarios del Sector Público Nacional (SPN) era de $ 9500 millones, para cumplir con la meta fiscal pactada con el FMI, que no fue flexibilizada en la cuarta revisión.
El dato oficial, en base caja (lo pagado) lo publicará la Secretaría de Hacienda este jueves 20, pero en el sector privado creen que la meta no fue cumplida y se necesitará una flexibilización retroactiva o un pedido de waiver ante los técnicos y los políticos del organismo.
El déficit primario fiscal devengado fue de 0,5% del PIB, 2 décimas porcentuales por encima de la meta fiscal en base caja.
En el criterio devengado, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) informó que en el primer trimestre de 2023 se registró un déficit financiero de $1 .454.669 millones ($ 1,4 billones), 7,4% mayor en términos reales con relación al obtenido en los primeros tres meses de 2022, mientras que excluyendo el pago de los intereses de la deuda pública, el resultado primario fue negativo en $ 758.991 millones, 3,3% menor en términos reales que el déficit alcanzado un año atrás.
Ese déficit primario, tomado con ese criterio (distinto al de base caja, que es el que supervisa el FMI), superó en casi $ 318.000 millones o el equivalente a 0,2% extra del Producto Interno Bruto (PIB) en relación a la meta trimestral de 0,3% del PIB. La diferencia con lo pagado dará cuenta de la deuda que el Estado acumuló con sus distintos proveedores en lo que va del año.
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