Que el último apague la luz por las 3.000 hectáreas; el Ejecutivo le apunta a la Justicia

Las 3.000 hectáreas son una caja de Pandora, ya que existen muchos poderosos involucrados en tierras que se levantó en el Parque de la Ciudad y luego se transformó en el lugar más top de la ciudad de La Rioja.

Desde el Superdomo hacia el oeste y el norte respectivamente se confluye el polígono de las 3.000 hectáreas que supuestamente son del Estado, hasta que empezaron a aparecer nuevos dueños.

Son tierras que tienen un valor inmobiliario millonario y hay predios dentro de ese lugar que pueden costar 800 millones de pesos, una inversión a la vista de todos y sin la participación de la AFIP.

Tras que un ex funcionario municipal empezó a vender lotes para un country ecológico en la continuidad de la avenida Ortiz de Ocampo y una asociación se quedó con tierras para levantar el barrio de los empleados de la Legislatura, se han producido un sinnúmero de sospechas en la sociedad, como pasó con el Parque Eólico Arauco.

A ello se sumó una causa judicial que es el expediente 43.276 caratulado “Puy Soria, Ariel, usurpación y abuso de autoridad” que se transmita en el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional 3.

Allí el ministro de Vivienda compareció para aportar pruebas y efectuó manifestaciones sobre la denuncia, a raíz que existen supuestos propietarios de terrenos dentro de las 3.000 hectáreas que advierten que les quieren sacar sus tierras.  

Más allá del hecho puntual, el funcionario del gobierno de Ricardo Quintela no dudó de apuntar contra la supuesta complicidad de la justicia para que se vendan tierras del Estado hacia privados y hasta que algunos terrenos hayan quedado dentro del Poder Judicial.

En el descargo, Puy Soria se preguntó: “¿qué pasó con estas denuncias penales que fueron presentadas por el propio Estado?” al explicar que “la verdad es que no se investigó ni un solo ápice de los hechos con características delictivas que fueron denunciadas”.

Según el ministro, “nuestras denuncias penales resultaron cajoneadas en dependencias oficiales, los hechos con apariencia delictiva permanecen cubiertos por un manto de impunidad, y aún sigue sin darse respuesta al interés general de la sociedad que reclama la intervención oportuna de los tribunales de justicia”.

Por ello, consideró que “actuando en el marco de una denuncia penal efectuada por un particular, haciéndolo con un impulso procesal nunca visto, y en sentido adverso al Estado provincial, ya no sólo que resulta sumamente llamativo, sino que directamente significa burlarse del patrimonio del pueblo de La Rioja”.

Puy Soria sostuvo que “es momento de tomar coraje y darle corte definitivo a este festival de acciones delictivas que se perpetran, en relación al inmueble del Estado, y no dilatar y dilatar la investigación hasta que algo extraño aparezca y solucione el problema, porque ello no es propio de los magistrados en un Estado de Derecho”.

El ministro dijo que “corresponde que acabemos con esta canallada farsa, y se profundice la pesquisa en la relación adecuada, en mérito a las denuncias que han sido realizadas desde las áreas dependientes del Ministerio, aun cuando ello suponga indagar acerca de eventuales responsabilidades en el {ámbito funcional de cada uno de los poderes constituidos del Estado provincial, pues esta claro que sin contribuciones específicas no se podría haber llegado al actual estado de cosas”.

Según el funcionario, “es importante llevar a cabo una actividad investigativa completa y en la dirección apuntada, toda vez que en el supuesto de verificarse que se ha puesto el aparato estatal al servicio de favorecer la realización de conductas delictivas, concretamente con la venta en la zona de las 3.000 hectáreas”.

En ese sentido, remarcó que “la misma es una circunstancia fáctica con aptitud jurídico-penal suficiente para presentar un cuadro de criminalidad organizada, abonada por un fin colectivo de perdurar en la comisión de tales delitos. O sea, ni más ni menos que la asociación ilícita, prevista y penada por el artículo 210 del Código Penal Argentino.

Asimismo, Puy Soria apuntó que “el que se hayan cajoneado nuestras denuncias, es un extremo verdaderamente trascendente para dilucidar en la que medida en que no cabe descartar la posible comisión de parte de funcionarios públicos y magistrados de delitos establecidos en el Código Penal”.   

Por eso en este capítulo de otro carpetazo en el peronismo que el último apague la luz por las 3.000 hectáreas porque ahora la guerra es entre el Ejecutivo y la Justicia.

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