La desaparición de Marita, el caso emblemático de trata en Argentina por la lucha de su madre

María de los Ángeles “Marita” Verón tenía 22 años cuando fue raptada desde un automóvil el 3 de abril de 2002 en la ciudad de San Miguel de Tucumán por un grupo dedicado a la trata de personas y la intensa búsqueda que emprendió su madre, Susana Trimarco, recorrió el mundo y convirtió al caso en un emblema de lucha contra ese delito en el país.

A 18 años de su desaparición y tras casi una década de derroteros judiciales, la justicia dictó condenas, dispuso absoluciones pero aún no logró descubrir el paradero actual de Marita Verón.

Desde el día en que la joven que era madre de una niña de 2 años desapareció, las investigaciones que había encarado sola Susana Trimarco permitieron a la justicia arribar a la conclusión de que la joven había sido captada por una red de trata de personas, que operaba en La Rioja con fines de explotación sexual.

Esa red estaba vinculada con el clan Ale, un grupo delictivo de Tucumán, según lo recolectado por la justicia.

Gracias al accionar de Trimarco, el caso Verón llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, convirtiéndose en una causa internacional, y la madre de la joven desaparecida obtuvo reconocimientos mundiales, entre ellos del gobierno de Estados Unidos.

En 2012 el juez de Instrucción Víctor Manuel Pérez elevó la causa a juicio contra 13 acusados por el secuestro: los hermanos vinculados al clan “Ale”, María Jesús y Víctor Rivero; la dueña de prostíbulos riojanos Irma Lidia Medina, los hermanos José Fernando y Gonzalo José Gómez, Daniela Natalia Milhein, Andrés González , Carlos Alberto Luna, Domingo Pascual Andrada, María Azucena Márquez; Humberto Derobertis, Mariana Bustos y Cynthia Gaitán.

Durante todo ese año se desarrolló el juicio oral, que culminó en diciembre con la absolución de todos los imputados.

A finales de 2013, la Corte Suprema provincial revocó en forma parcial ese fallo y ordenó que una nueva sala fije la pena a 10 de los 13 acusados, ya que confirmó la inocencia de los hermanos Rivero y Medina había fallecido.

El tribunal consideró coautores del delito de retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución de la joven a los hermanos Gómez, que fueron condenados a 22 años de prisión, y a Milhein y González a 18 años. A su vez, condenó como partícipes necesarios a Luna y Andrada (17 años); Márquez (15 años); Derobertis (12), Bustos y Gaitán (10 años).

La sentencia no quedó firme, por lo que a fines de abril del año 2017, la sala II de la Cámara Penal ordenó la detención de los condenados, quienes recién entonces comenzaron a cumplir con la sentencia.

Trimarco había dicho a Télam que desde la desaparición de su hija “cada día ha sido un calvario, llevo 15 años luchando contra esta gente que no dice qué hicieron con Marita” y resaltó que esa medida judicial “alivia un poco la vida”.

A los pocos meses, los hermanos Rubén “La Chancha” Ale y Ángel “Mono” Ale, a quienes Trimarco siempre vinculó con la desaparición de su hija, fueron detenidos junto a otras cuatro personas en una causa por lavado de activos que investigaba el juez federal Fernando Poviña, impulsada por la Unidad de Investigación Financiera a partir de las denuncias realizadas por Trimarco.

En abril de 2018 los hermanos Ale fueron condenados a 10 años de prisión por ser considerados los jefes de una asociación ilícita, dedicada al delito de lavado de activos, mientras María Jesús Rivero recibió una pena de 6 años.

La búsqueda que llevó adelante Susana Trimarco y su tarea se transformaron en un símbolo de la lucha contra la trata de personas. El 19 de octubre de 2007, creó la Fundación “María de los Ángeles” que brinda asistencia integral a las víctimas, recibe denuncias y ofrece contención y asesoramiento a familiares.

En julio de 2008 inauguró el primer refugio especializado del país en Tucumán. De este proyecto se han replicado los protocolos de asistencia en Buenos Aires y Córdoba.

En abril de 2013, inauguró un Centro Maternal con calidad educativa que brinda un servicio gratuito para los hijos de víctimas de trata, de violencia de género o de madres solteras para que las mujeres puedan estudiar o trabajar.

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