Organismos de contralor anestesiados frente a las compras directas del Estado

Es la provincia que recibe más fondos por habitante del país, según el propio Ministerio de Economía de la Nación, mientras que desde marzo está en el Modo Pandemia, es decir con la mayoría de sus habitantes en sus hogares por precaución.

En seis meses, La Rioja fue beneficiada por miles de millones de pesos y especialmente en los últimos tres meses por el financiamiento para paliar la crisis sanitaria.

Frente a ello, el Gobierno avanzó en las compras millonarias directas con un Tribunal de Cuentas de vacaciones y con una Legislatura que trabaja en forma virtual.

Los intendentes se quejan por abajo, como los funcionarios que no manejan la lapicera en el mundo de Ricardo Quintela.

En marzo, la Cámara de Diputados le entregó los superpoderes al gobernador y de esa forma, la actuación legislativa es solo mediática.

Quintela desde ese día hace y deshace con el fin de acelerar los procesos burocráticos del Estado.

Más allá de eso, el Gobierno de La Rioja también se benefició financieramente con la pandemia, ya que los superpoderes fueron fortificados por miles de millones de pesos.

Una unidad gubernamental que opera entre el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, y el secretario general de la Gobernación, Armando Molina, logró la potestad para la compra directa hasta $1.400.000.

Se trata de la Unidad de Gestión Integral de Fortalecimiento Institucional y Socio Comunitaria que mediante el Servicio Administrativo Financiero (SAF) 184 está autorizado para la adquisición de materiales de construcción, herramientas manuales y equipos menores; de productos alimenticios y textiles que respondan a necesidades básicas que se encuadran en programas y proyectos de carácter asistencia”.

También para “contrataciones de servicios de transporte de personas y/o bienes; compensaciones por gastos de movilidad; obsequios de cortesía y/o costumbres diplomáticas en el marco de reconocimiento protocolares entre organismos y/o instituciones; servicios de mantenimiento, reparación y limpieza de espacios públicos o comunitarios; insumos, medicamentos y equipamientos destinados a nosocomios públicos”

Y además “todo otro gasto que tenga el carácter de improviso y esté orientado a satisfacer los requerimientos de la autoridad superior”.

A través del decreto 498 del 16 de abril, Quintela dispuso exceptuar “del límite general
establecido por el Artículo 13 Inciso c), Apartado 1 del Anexo I del Decreto 2.350/13, reglamentario de la Ley 9.341, a las contrataciones que realice el SAF 184 perteneciente a la Unidad de Gestión Integral de Fortalecimiento Institucional y Socio Comunitaria”.

También está vigente la resolución 54 del Ministerio de Hacienda, adonde se llevan las compras por más de $2.800.000.

Esas disposiciones de la Casa de Gobierno fueron cuando se iniciaba el Modo Pandemia, y hoy a través de la página de la Dirección General de Sistemas de Contrataciones del Ministerio de Hacienda aparecen compras directas por millones de pesos.

La mayoría son publicadas solo por 24 horas, es decir que es información oficial para pocos.

A un promedio semanal de compras por $20 millones se puede hablar de que casi $100 millones mensuales que están a disposición de una lapicera del Estado provincial.

En otras palabras, serían $1.200 millones anuales para compras, cuyos fondos podrían ser gastados casi en forma directa desde la Casa de Gobierno.

Todo eso se produce cuando los organismos de contralor están anestesiados y lo más preocupante que casi todos son empleados del gobierno de turno.

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